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miércoles, 29 de septiembre de 2010

LA II REPÚBLICA: Los grupos políticos republicanos [Parte 1]

La monarquía ha sido siempre un elemento clave e indispensable en la historia española. La importancia del Jefe de Estado, desde los reyes católicos hasta 1978, ha sido muy importante en todo momento, y considerando que de estos 503 años, 454 han sido los Reyes los emcargados de ocupar este cargo, es visible hasta que punto la historia de España está unida a la monarquía y a los partidos políticos de concepción monárquica.

El relanzamiento del Republicanismo en España se produjo en 1926, a consecuencia del desencanto por la monarquía que había apoyado la dictadura de Primo de Rivera. Desde Europa llegaban nuevas corrientes de pensamiento, como son el federalismo, el sufragio universal y los ideales revolucionarios procedentes de la URSS. Dicho año, se crea una Alianza Republicana con diversos sectores, como son el Partido Radical de Alejandro Lerroux, en realidad cada vez menos radical, o el grupo de Acción Republicana liderada por Manuel Azaña. A partir de 1930, las reuniones y mítines republicanos van teniendo cada vez más fuerza, animados por ambiciones cada vez menos contenidas, pretensiones autonomistas y por el creciente descontento de la población en prácticamente todos los ámbitos de la vida española como fue, por ejemplo, la situación de la industria.

Para comenzar, deberíamos contemplar como era el sistema de partidos que se deriva de este régimen y de su constitución, creando una nueva dinámica de competición democrática nunca vista antes en España, e incluso revolucionaria en el panorama europeo donde seria de lo más avanzado de la época.

En el sentido de catalogar los sistemas de partidos y sus características, dos autores como Duverger o Sartori nos son de gran ayuda. Ambos autores sostienen que en el momento de catalogar un sistema de partidos, se debe tener en cuenta el número de partidos que hay en el sistema. En el caso de la España de la época republicana era realmente un número muy alto de formaciones. No obstante, Sartori añade otros elementos básicos que también deben de ser contemplados para analizar un sistema. Estos elementos son, por una parte la distancia ideológica entre los partidos que lo componen, la dirección en la que se mueve la competición partidista, que puede ser hacia el centro, (centrípeta) o hacia los extremos (centrifuga) y por último, contemplar numéricamente no a todos los partidos del sistema, sino únicamente a los que intervienen realmente.

Si utilizamos estos tres parámetros encontramos que el sistema de partidos republicano es multipartidista, ya que existen múltiples partidos con capacidad para intervenir; está polarizado, ya que existe una gran distancia ideológica entre los partidos que intervienen; y es centrífuga, ya que el discurso ideológico predomina para poder diferenciarse de los demás. Se debe tener en cuenta que con el paso del tiempo y el cambio de la coyuntura, así como la maduración y adaptación de los partidos al nuevo régimen, el nexo común de los grupos, la defensa de la República, fue desapareciendo del discurso y se fueron extremando las posiciones y resaltando las diferencias o cleavages. De esta manera, y con palabras de Sartori, podemos decir que el sistema de partidos de la II República era un sistema multipartidista extremo polarizado.

El sistema electoral de este régimen también favorecía que apareciera este tipo de competición partidista que acabamos de explicar. Este sistema promulgaba por primera vez en España un sistema semipresidencial mediante sufragio universal para todo ciudadano de cualquier género, procedencia, y estatus socioeconómico, con la única condición de la mayoría de edad electoral de 23 años. El sistema electoral era mixto, entre mayoritario y proporcional, de manera que concedía el 80% de los escaños de forma mayoritaria, y reservaba el 20% restante a una división proporcional (Que inspiró entre otros sistemas electorales al italiano). De esta manera, se conseguía una proporcionalidad muy destacable, y nunca igualada en nuestro país, con un diputado por cada 50.000 habitantes (470 diputados por 350 de la actual etapa, que representa un candidato por cada 130.000 habitantes). Las circunscripciones eran provinciales, más las ciudades de Barcelona, Madrid y otras capitales de provincia que con su partido judicial superasen los 10.000 habitantes.

El contexto histórico influyó de forma significativa en este nuevo sistema. En este podemos ver las nuevas tendencias europeas democráticas y multipartidistas que se habían iniciado en la República de Weimar alemana, y que continuaban con la III República Francesa y la presente que estamos estudiando aquí. Es conveniente destacar los efectos que conllevaron estos regímenes: En el caso alemán, la apropiación de todos los poderes de Hitler y su NSDAP, aprovechando al máximo la Constitución de Weimar; en el francés, la caída del régimen y la ocupación nazi manifestada con la Francia de Vichy; y en el caso español, una Guerra Civil y la proclamación del régimen Franquista, y 35 años de dictadura. En todos estos casos el sistema de partidos, conjuntamente con el sistema electoral tuvo una importancia vital en el desarrollo de los acontecimientos, aunque no obstante, esto no significa que dichos regímenes no fueran correctos o legítimos, sino que resultaban sencillamente inviables y demasiado avanzados para la época.

A continuación, pasaremos a describir de forma más exhaustiva las características de este sistema de partidos.

Este nuevo régimen representaba, como ya hemos visto, una situación nueva en España, poniendo fin a los dos sistemas de partidos vividos hasta el momento: el sistema de partido único de la Dictadura de Primo de Rivera, y el bipartidismo a turnos, artificial y basado en la doctrina canovista de partidos de la Restauración. El gran cambio de esta nueva etapa residía en que los partidos surgieran de forma espontanea, desde abajo, como resultado del hasta ahora restringido derecho de asociación, con los que se fomentaba la diversidad de opiniones y la unión de individuos que afinidades ideológicas. Los partidos pasaban pagina al caciquismo y a servir únicamente a los deseos del Estado, y retomaban una nueva dimensión en la que se convertían en los instrumentos y herramientas de la sociedad y de la comunidad, en el defensor de los intereses del administrado y no de la administración. Los partidos eran creados por el pueblo, para servir al pueblo y canalizar sus diferencias ideológicas.

La democracia suponía admitir algo que hoy nos parece obvio pero no así entonces: la sociedad española no es uniforme, y por tanto, cabe esperar discrepancias ideológicas entre las “opiniones” como Azaña las llamaba. Ya no existía una “opinión nacional”, sino que existían muchas, representadas cada una de ellas en su partido político.

Un elemento primordial que caracterizó esta época fue la desaparición de lo que en la restauración se entendía como “partido de notables”. Los partidos dejaban de ser las asociaciones carentes de apoyo social mediante las cuales personajes ilustres accedían al poder. Esto no quita que durante los primeros momentos de la República se conociera diversos partidos como “el partido de Azaña” o “el partido de Alcalá Zamora”, pero poco a poco estos partidos y todos los demás que se iban creando fueron desarrollando prácticas que desarrollaban la idea de “partidos de masas”. Estos partidos respondían a ideologías socialmente arraigadas, y que se nutrían de un gran número de afiliados, cosa que hacía necesaria una organización importante, basada en la participación de sus afiliados en las decisiones del grupo. No obstante, conviene tener en cuenta que estos partidos de “masa” se encontraron con el mismo mal endémico que siempre ha atormentado a los grupos políticos españoles: la indiferencia del ciudadano hacia la política y la indecisión del ciudadano de centro.

Otro elemento a destacar es que paradójicamente este régimen, padre de la democracia y los partidos políticos en España, parecía también el elemento depurador del parlamentarismo teórico. Aunque es cierto que el régimen fue por encima de todo parlamentario, los mismos grupos políticos representados en el Parlamento, veían con malos ojos a este organo. La izquierda socialista veía la práctica parlamentaria como un instrumento burgués, un elemento que servía para mantener la dominación mesocrática. Y des del fascismo obviamente tampoco les hacía gracia la idea de tener un Parlamento que a sus ojos solo perjudicaba la unidad del Estado, y fomentaba la lucha y la discusión, dificultando la actuación del Estado.

La modernización de los partidos políticos resultó notable. Manuel Azaña supo como nadie poner las bases de lo que debía ser un partido político moderno, creando muchas premisas que aun en los partidos actuales tienen cabida. Los partidos de la República se mostraron mucho más conformes con al avance mediante competición partidista, donde la diversidad partidista e ideológica aseguraba la representatividad, que no mediante democracia directa (Referendums y plebiscitos), que había sido históricamente el medio utilizado por los dictadores en España. La idea de concebir Gobiernos monocolor o de partido único también era vista como negativa, al igual que la concepción de “visión nacional” a la que antes nos hemos referido. Azaña entendía que cada partido debía de tener su visión de las cosas, su interpretación de la opinión pública, por lo que ninguno podía, en términos absolutos, acaparar el término de esta visión nacional. De esta manera, Azaña defendía el pluralismo partidista contra las posturas que optaban por restringir las opciones, bien a través de la democracia directa, que solo ofrece dos respuestas (Si/No), o bien a través de intereses partidistas de monopolizar la opinión pública nacional.

Un elemento característico fue la imprescindible disciplina de partido que se impuso en este momento en los grupos políticos, debido a su gran volumen de afiliados. Esta disciplina de partido no era vista, como anteriormente lo era, como un seguidismo ciego a las pautas marcadas por el líder del partido, sino como un vínculo estricto con el partido y con su programa político.

Otra novedad fue el nuevo funcionamiento y organización de los partidos políticos dentro del Parlamento. Este punto, también fue muy difundido por Azaña. El líder de Acción Republicana y más tarde creador de Izquierda Republicana, separó el concepto de partido político y grupo parlamentario. Por primera vez el partido parlamentario y el partido organización o extraparlamentario operaban “separadamente” aunque la toma de decisiones siempre operaba desde la organización. De esta manera, no era inconcebible que se configurasen coaliciones electorales, pero que una vez dentro del Parlamento actuasen por separado y defendiesen opiniones divergentes.

A partir de esta época se comenzó a abandonar la idea de que hacer “política de partido” era negativo. Cada partido hacia lo posible por acceder al máximo electorado, y consecuentemente conseguir el máximo de escaños posible. Esta era la aspiración principal y legítima de cada partido, como lo sigue siendo actualmente, y por tanto las coaliciones tenían este mismo sentido. Sin duda, si algún partido hubiera contado con una amplia mayoría en el Parlamento (Cosa que no ocurría), este hubiera impuesto su propio modelo constitucional, a imagen y semejanza de su partido.

Uno de los cleavages más importante de la época, y poco presente en nuestra actual sociedad, era el tema agrario. En los años 30’s, España está escasa de tierras y de puestos de trabajo para los agricultores. Ante estos problemas de falta de tierra y de trabajo, era inevitable que se pusieran en duda los tradicionales cimientos que habían sustentado la agricultura española, es decir, los latifundios. Esta situación llevó a posiciones irreconciliables entre propietarios y agricultores, que llevó a este tema a estar en primera línea durante todo el transcurso republicano. Uno de los grupos más presente en las reivindicaciones agrarias fue la CNT, muy presente en Andalucía donde la agricultura y la presencia de latifundios era muy común.

Finalmente, otro tema clave, que contribuyó a acentuar el clima de crisis, fue el tema regionalista. Los movimientos autonomistas no suponían una amenaza para la unidad del Estado, pero aun así suponían un importante problema social que los gobiernos republicanos debían de resolver lo antes posible. Entorpecen los debates constitucionales y dificultan el funcionamiento de las instituciones, y permiten que los enemigos del régimen, conspiren contra este conjuntando los conceptos de autonomismo e independentismo, con el único fin de romper la República y otorgar una escusa al ejército para reclamar su posición histórica de salvador de la integridad del Estado español, cosa que como ya sabemos lleva a consecuencias devastadoras.
Frank Morales
Politólogo

viernes, 24 de septiembre de 2010

LA II REPÚBLICA: Una economia sense sortida

La segona república va sorgir per les creixents reivindicacions liberals i per les diferents reformes, com seria la laboral molt innovadora i polèmica per l’època (Fixació dels salaris mínims, creació de jurats mixtos entre treballadors i empresaris...), que van comportar una situació política d’enfrontament constant entre diferents grups socials, i polítics ( liberals, socialistes, anarquistes...). Partim del 1931, on com he dit abans, la situació política estava en permanent inestabilitat, que va comportar una etapa econòmica semblant, que no es “recuperaria” fins després de la Segona Guerra Mundial, degut, a més, per la situació de l’economia internacional (Crack del 29). La qüestió que ens hem de plantejar és: la II república va fracassar per la gran crisis econòmica internacional d’aquells moments, o simplement no va afectar a l’economia espanyola i la caiguda del règim republicà va caure per altres raons. I per poder observar el impacte d’aquesta crisi partirem de dos grans fets: el canal financer i el comerç exterior.

Si partim del primer fet (canal financer), i deixant a part els efectes endògens d’aquesta crisi en el marc espanyol, observem des d’una base empírica que Espanya no se’n ressenteix. Per què? Per raons tan senzilles com la no participació directa en la I Guerra Mundial, i per tant Espanya havia sortit airejada d’aquest conflcite, sense pèrdues i amb una sòlida posició davant d’un món que trontollava. El Crack del 29, va obligar la tancada d’aixeta de préstecs dels Bancs nord-americans, per que aquests poguessin recuperar els seus actius (l’únic que van fer, va ser no renovar els crèdits), majoritàriament cedits a països com Gran Bretanya, França o Bèlgica. A més, aquests països també esperaven la seva indemnització per part d’Alemanya, que en el aquest moment, no podia pagar degut a l’encara no recuperació del desastre produït per la I Guerra Mundial. Per tant, Espanya disposava d’un sistema financer molt més sa, que la resta d’Europa. Tampoc estava vinculada al patró-or, que va resultar un eficaç transmissor de la crisis degut a la inducció de polítiques contractives. Això explica que Espanya, no va ser directament tocada. No obstant, la crisi va arrastrar algunes indústries, i en conseqüència, el comerç exterior, on sí la va afectar de manera important. Espanya tenia un important potencial rural, on el 45,5% de la població activa ocupava aquest sector, mentre que el sector d’indústria i serveis es repartien de manera igual amb un 27,5 % cada un. Amb aquestes dades, es demostrava una economia on encara no s’havia esdevingut la revolució industrial.

L’altre factor era el comerç exterior, de fet el més important, i el que va afectar en especial la indústria, basada en la producció tèxtil, siderúrgic, i on l’exportació d’aquests productes era clau en l’equilibri de la balança de pagaments. El comerç va ser directament l’element més perjudicat dins de l’economia espanyola en el marc de la II República. De la famosa crisis bursàtil, el sentiment de pobresa, va anar augmentant, i això va comportar un seguit de fenòmens com van ser la tancada de societats, la disminució d’ocupació i la baixada de la demanda. A més, l’aranzel proteccionista que va imposar EEUU a l’entrada de productes estrangers no va ajudar molt, ja que aquest, impulsava el decreixement de les exportacions dels americans i de la resta de països relacionats amb ells comercialment. Espanya va patir menys que altres països, però va patir, perquè econòmicament estava molt més enrederida que els països d’Europa Central. Aquesta disminució del comerç, tenia també les seves causes específiques, com era la desconfiança dels productors sobre els republicans, cosa que va fer que molts inversors varen exportar el seu capital a altres països menys inestables en qüestió política.

A més de tota la situació internacional, a Espanya, la política pressupostària, en aquesta etapa duta a terme pel General Berenguer, no va ser molt encertada. Però els salaris van tenir un comportament pro-cíclic, cosa que va tenir un efecte macroeconòmic positiu, perquè va fer que augmentés la propensió al consum del conjunt de l’economia espanyola. Tot i així, aquesta pujada de massa salarial, no va ser capaç de reactivar la demanda agregada perquè l’estancament de la inversió i de les exportacions van provocar l’augment de l’atur, que un cop més, va afectar a la indústria, més que els altres sectors. Un efecte positiu (Petit, però positiu), va ser l’augment del consum de productes nacionals, en especial, productes procedents de l’agricultura, però igualment, moltes empreses havien tancat degut a l’incapacitat del retorn creditari.

Totes aquestes dades es contradiuen entre sí, i és quan es qüestiona: Quin va ser el problema de la II República econòmicament parlant? Cap, sinó una inducció al pou, a causa de la situació sociopolítica internacional del moment, i en efecte, de les males polítiques aplicades durant el règim republicà, que no van ser les més adients. En especial, les polítiques sectorials, monetàries i laborals, varen deixar molt que desitjar. En la política monetària, portaven des del 1928 devaluant la Peseta, cosa que es va intensificar durant el règim republicà. Les exportacions de capital i la fuga del capital nacional, es va fer més evident a causa de la situació d’enfrontament social i polític permanent, i encara més per la desconfiança de la política aplicada pels partits d’esquerra, com seria la destitulació dels terrenys i l’amenaça de nacionalització de béns privats. Tot aquest conjunt de polítiques va portar a un dèficit comercial, i a més la sobrevaloració de la pesseta, provocant un dèficit en la balança de pagaments. Llavors, el intent de buscar capital estranger per invertir, i així equilibrar la moneda, va fracassar degut a la inestabilitat financera internacional. Es va renunciar a posar en equilibri la balança de pagaments, i es va passar a protegir el valor de la Peseta a l’exterior, ja que la imatge del país pesava més que l’estabilitat sociopolítica nacional.

Tot i la política fiscal, i econòmica dels republicans era benintencionada, no van poder evitar que Espanya patís una crisi econòmica que com hem vist no tenia perquè patir. Aquesta crisi no va ser per la falta d’habilitat dels llavors governadors, sinó per la constant crispació entre diferents sectors socials i polítics.
HALIMA EL BADOUI
Estudiant d'Economia

jueves, 23 de septiembre de 2010

LA II REPÚBLICA: Una Constitució per a un poble lliure

No val a dir que el context polític dels anys trenta del segle passat era convuls i desconcertant, el trencament de l’antiga Espanya, retrògrada, caciquista i conservadora, cap a una de nova: laica, progressista i moderna suposà un pas endavant en la historia, progrés per a uns i amenaça per als altres. Per aquest motiu, el trencament amb el passat havia d’anar acompanyat d’un text legal que sostingués tots aquests canvis, que els fes valer. La constitució de la II República espanyola es constituiria com la Constitució més moderna i progressista fins llavors i en molts punts més avançada inclòs que la vigent constitució de 1978.

Les reformes més importants que apareixen en La constitució de la II República són: la fi de la monarquia borbònica i l’erosió del projecte d’estat centralista. En aquests dos punts centraré l’article.

La monarquia espanyola amb un passat immobilista i que recolzà la dictadura de Primo de Rivera, no tindria lloc en el nou estat espanyol. El primer article de la Constitució republicana diu “España es una República democrática de trabajadores de toda clase (...) los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo...”. Així doncs, es constitueix Espanya com a una República popular que inclouria la separació de poders: el poder judicial, el poder legislatiu i el poder executiu. El poder legislatiu, encarnat per les Corts Generals, es distingeix de l’actual Constitució espanyola per ser Unicameral, no s’inclou un senat. El poder legislatiu el representa el Congrés de Diputats, amb els diputats escollits mitjançant sufragi universal, i és en aquest on s’aproven els decrets llei del govern i on s’origina el procés legislatiu.

La Presidència de l’Estat passar a ser d’hereditària a un procés on les Corts Generals escollien el candidat . I es que la nova constitució prohibeix als membres de la reialesa optar a ser Caps d’Estat (President de la República), una mesura per evitar que els Borbons i altres dinasties nobles recuperessin el seu antic poder. Les funcions del nou President de la República es resumeixen en: declarar la guerra i firmar la pau, autoritzar amb la seva firma els decrets, ordenar les mesures urgents que exigeixi la defensa de la integritat o la seguretat de la Nació, amb immediat comunicat a les Corts i també negociar, firmar i ratificar els Tractats i convenis.

El poder executiu encarnat per la presidència del govern és molt similar a com està actualment reflectit en la constitució actual. S’introdueix en la Constitució la capacitat de control que té el Congrés de Diputats envers el govern, mitjançant la moció de censura i la dimissió de ministres amb la majoria absoluta en el Congrés.

Per primera vegada, el poder judicial quedà separat del poder executiu, els jutges són independents i inviolables per a evitar que l’executiu es pogués involucrar en les seves competències. La nova justícia havia de representar els valors moderns com el imperialisme de les lleis i la igualtat davant de la llei, sense tractes de favor per riquesa familiar o noblesa. Un dels canvis més transgressors en el camp de la justícia fou que la jurisdicció penal militar es limitaria als delictes militars, que fins llavors molts delictes civils es condemnaven en jurisdicció militar perquè les penes eren més dures. I per primera vegada també s’inclou l’organització de tribunals d’urgència per a fer efectiu el dret d’empara de garanties individuals.

En quant a l’erosió del característic centralisme de l’Estat espanyol, la Constitució republicana va ser un pas decidit al que després apareixeria en la Constitució de 1978, la creació de l’Estat de les Autonomies. No va ser fins als anys trenta que no s’abordà l’autonomia de les nacions o regions amb drets històrics comuns, que són el cas del País Basc, Galícia i Catalunya. La Constitució de la II República contempla la possibilitat, amb el beneplàcit dels ciutadans de cada regió, de crear els seus Estatuts d’Autonomia. Durant la II República s’aprovaren els estatuts de Catalunya i el del País Basc, aquest segon no tindrà aplicacions pràctiques per l’avanç de la guerra civil. En canvi, l’estatut de Galícia quedà com a projecte però no s’arribà a aprovar.

La Constitució de la II República implicà un trencament amb el passat, no només en els aspectes esmentats, també suposà la secularització de l’Estat, una nova estratègia envers les relacions amb l’exterior i una nova ordenació econòmica. En molts punts la Constitució republicana va fer front el passat retrògrada espanyol amb més valentia que la vigent Constitució de 1978.

No val a dir que el context polític dels anys trenta del segle passat era convuls i desconcertant, el trencament de l’antiga Espanya, retrògrada, caciquista i conservadora, cap a una de nova: laica, progressista i moderna suposà un pas endavant en la historia, progrés per a uns i amenaça per als altres. Per aquest motiu, el trencament amb el passat havia d’anar acompanyat d’un text legal que sostingués tots aquests canvis, que els fes valer. La constitució de la II República espanyola es constituiria com la Constitució més moderna i progressista fins llavors i en molts punts més avançada inclòs que la vigent constitució de 1978.

Les reformes més importants que apareixen en La constitució de la II República són: la fi de la monarquia borbònica i l’erosió del projecte d’estat centralista. En aquests dos punts centraré l’article.

La monarquia espanyola amb un passat immobilista i que recolzà la dictadura de Primo de Rivera, no tindria lloc en el nou estat espanyol. El primer article de la Constitució republicana diu “España es una República democrática de trabajadores de toda clase (...) los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo...”. Així doncs, es constitueix Espanya com a una República popular que inclouria la separació de poders: el poder judicial, el poder legislatiu i el poder executiu. El poder legislatiu, encarnat per les Corts Generals, es distingeix de l’actual Constitució espanyola per ser Unicameral, no s’inclou un senat. El poder legislatiu el representa el Congrés de Diputats, amb els diputats escollits mitjançant sufragi universal, i és en aquest on s’aproven els decrets llei del govern i on s’origina el procés legislatiu.

La Presidència de l’Estat passar a ser d’hereditària a un procés on les Corts Generals escollien el candidat . I es que la nova constitució prohibeix als membres de la reialesa optar a ser Caps d’Estat (President de la República), una mesura per evitar que els Borbons i altres dinasties nobles recuperessin el seu antic poder. Les funcions del nou President de la República es resumeixen en: declarar la guerra i firmar la pau, autoritzar amb la seva firma els decrets, ordenar les mesures urgents que exigeixi la defensa de la integritat o la seguretat de la Nació, amb immediat comunicat a les Corts i també negociar, firmar i ratificar els Tractats i convenis.

El poder executiu encarnat per la presidència del govern és molt similar a com està actualment reflectit en la constitució actual. S’introdueix en la Constitució la capacitat de control que té el Congrés de Diputats envers el govern, mitjançant la moció de censura i la dimissió de ministres amb la majoria absoluta en el Congrés.

Per primera vegada, el poder judicial quedà separat del poder executiu, els jutges són independents i inviolables per a evitar que l’executiu es pogués involucrar en les seves competències. La nova justícia havia de representar els valors moderns com el imperialisme de les lleis i la igualtat davant de la llei, sense tractes de favor per riquesa familiar o noblesa. Un dels canvis més transgressors en el camp de la justícia fou que la jurisdicció penal militar es limitaria als delictes militars, que fins llavors molts delictes civils es condemnaven en jurisdicció militar perquè les penes eren més dures. I per primera vegada també s’inclou l’organització de tribunals d’urgència per a fer efectiu el dret d’empara de garanties individuals.

En quant a l’erosió del característic centralisme de l’Estat espanyol, la Constitució republicana va ser un pas decidit al que després apareixeria en la Constitució de 1978, la creació de l’Estat de les Autonomies. No va ser fins als anys trenta que no s’abordà l’autonomia de les nacions o regions amb drets històrics comuns, que són el cas del País Basc, Galícia i Catalunya. La Constitució de la II República contempla la possibilitat, amb el beneplàcit dels ciutadans de cada regió, de crear els seus Estatuts d’Autonomia. Durant la II República s’aprovaren els estatuts de Catalunya i el del País Basc, aquest segon no tindrà aplicacions pràctiques per l’avanç de la guerra civil. En canvi, l’estatut de Galícia quedà com a projecte però no s’arribà a aprovar.

La Constitució de la II República implicà un trencament amb el passat, no només en els aspectes esmentats, també suposà la secularització de l’Estat, una nova estratègia envers les relacions amb l’exterior i una nova ordenació econòmica. En molts punts la Constitució republicana va fer front el passat retrògrada espanyol amb més valentia que la vigent Constitució de 1978.

viernes, 17 de septiembre de 2010

El Pulso

En las últimas semanas no hemos parado de escuchar noticias que no nos permiten otra salida que ponernos las manos en la cabeza y rezar (los que aun conserven algún tipo de fe). Hemos vivido con desasosiego y preocupación, en algunos momentos incluso con miedo, como en España se ponían en práctica las recetas fracasadas de los organismos económicos internacionales (como el FMI), y lo que es más, lo hemos visto con un gobierno de pretendida tendencia social demócrata en el Gobierno. Las propuestas del Gobierno que encabeza Jose Luis Rodríguez Zapatero han supuesto un mazazo a las aspiraciones de los trabajadores y clases más necesitadas, realizando un bandazo importantísimo en su política social, retirando ayudas que mucho costaron conseguir como la de los nacimientos a partir de 2011 o la de alquileres a jóvenes emancipados con bajos sueldos. La política Zapatero se ha vuelto imprevisible en todos sus sentidos, y hemos visto que cualquier reunión del G-20 o una simple llamada de teléfono procedente del Presidente americano Barack Obama pueden resultar suficientes para cambiar drásticamente el rumbo político del Gobierno español, que debería haber sido, y no fue así, el referente claro de la UE durante su Presidencia en el primer semestre de 2010.

A todo esto si sumamos la aprobación por decreto de la reforma laboral, sin entendimiento con sindicatos, llegamos a la actual situación de crisis, desconfianza, y una huelga general el próximo día 29 de este mismo mes sobre la mesa. Las medidas planteadas por el gobierno además de abrir la puerta a la barra libre de la patronal para rebajar los salarios e incumplir los convenios colectivos, rompe acuerdos con los sindicatos y con el Pacto de Toledo, y da al traste con otras medida ya consolidadas socialmente y que son parte de nuestro sistema democrático.

El tiempo pasa y con él los errores se hacen cada vez más visibles. Han pasado casi seis años desde que Zapatero dijera que “bajar impuestos era de izquierdas”. Entonces la izquierda, más allá de su partido, no se lo creíó, y a los expertos tampoco les convencía esta afirmación. Gaspar Llamazares, Secretario General de Izquierda Unida, así lo expresaba: “Bajar los impuestos no es de izquierdas, nunca lo ha sido ni lo será”. Llegaron los superávits, tampoco propios de un Gobierno de izquierdas tan entregado a las políticas sociales como se declaraba este del PSOE, y todo parecía en calma. No obstante, todos lo sabemos, la economía es cíclica, como nos mostró J. K. Galbraith. Los tiempos difíciles llegaron, y con estos el descenso del crecimiento económico, en España nunca superior al 4% del PIB, y la recesión a la que estamos intentando remontar en estos momentos.

En estos dos años de crisis que llevamos, Zapatero ha tenido oportunidades de retractarse de esta afirmación, y de paso realizar la política de izquierdas que se le supone, pero no ha sido el caso. Es cierto, han subido algunos impuestos menores como el del tabaco y el alcohol, y también algunos importantes como el impuesto al consumo (IVA) o el de las rentas altas. Lamentablemente, y a falta de ver los resultados que esperanzadores no parecen, estas subidas de impuestos parecen claramente insuficientes.

Estas medidas, surgidas del FMI y del Presidente Obama, no consisten en otra cosa que lo que se vino aplicando en América Latina durante las últimas décadas, y que comportó duros gobiernos dictatoriales y difíciles transiciones (Pero para eso ya estábamos nosotros para dar ejemplo…) donde como siempre las poblaciones resultaban las grandes perjudicadas de todos y cada uno de estos procesos.

Carlos Carnicero, Master en Relaciones Internacionales por la London School of Economics, y Antonio Roldan, asesor económico en el Parlamento Europeo, piensan lo siguiente: “Si los gobiernos no han sido capaces de poner en marcha las reformas prometidas que les permitan mandar en los mercados, ¿qué autoridad tendrán sobre los ciudadanos para pedirles que hagan esfuerzos y se adapten a los nuevos tiempos? ( Diario Público, 16/04/2010). Ciertamente, como estos expertos nos indican, estamos viviendo un pulso constante entre los ciudadanos y los mercados, y hasta el momento parece que los mercados nos han tomado ventaja, y que los gobiernos de los Estados, en su posición de árbitro en la contienda no parecen dispuestos a equilibrar este pulso dando un empujón a sus ciudadanos.

En nuestras manos queda este pulso, que solo ganaremos defendiendo una salida de la crisis que se inicie con la creación de empleo, una contundente reforma fiscal, un control a la especulación y los beneficios de la Banca, e instando a los Gobiernos a tomar nuevas paquetes de medidas afines con la población que representan, que favorezca a los intereses de la mayoría de la población y no solo a unos pocos, y que mejore, no que empeore, a los más necesitados, es decir, a parados y pensionistas.
FRANK MORALES
Politólogo

jueves, 9 de septiembre de 2010

La Justícia Transicional

La segona meitat del segle XX ens ha mostrat un extens panorama de països en què, sota diverses formes, com ara dictadura militar, guerra civil, ocupació estrangera o règim racista, s’han produït generalitzades violacions dels drets humans. La Justícia Transicional sorgeix com a una varietat de processos i mecanismes per donar resposta a canvis polítics i demandes de justícia en aquesta països. No obstant, la Justícia Transicional també abarca els casos de països que ja han superat una transició política, però on igualment encara es pretén passar comptes amb el seu passat, com és el cas d’Espanya i el règim franquista.

De forma general, podem definir Justícia Transicional com un conjunt de teories i pràctiques derivades dels processos polítics per mitjà dels quals les societats intenten passar comptes amb un passat d’atrocitat i impunitat, i fan justícia a les víctimes de dictadures, guerres civils i altres crisis de llarga durada, per avançar o tornar a la “normalitat democràtica“. Aquesta concepció de justícia, sorgida a finals dels 80 i principis dels 90, es compon de processos penals, de depuració i de reparació que tenen lloc després de la transició d’un règim polític a un altre.

L’experiència ens mostra com alguns països han assajat diferents models de transició d’acord amb les seves necessitats i possibilitats, així mateix garantint a la ciutadania i en especial a les víctimes elements constitutius del dret a la justícia: veritat, càstig, i reparació. No obstant, en la majoria dels casos, el primer pas del procés ha estat la construcció de la veritat pública i la recuperació de la memòria històrica sobre els fets del passat, gairebé sempre a través d’una comissió de la veritat o un altre mecanisme comparable de recerca extrajudicial.

Però la combinació de veritat, càstig i reparació depèn de les circumstàncies específiques de cada societat en el moment en què s’enfronta a la tasca d’avançar o retornar a la plena normalitat democràtica, mitjançant un cert equilibri entre pau i justícia, entre recerca de la reconciliació i defensa dels drets humans. La reparació adequada, efectiva i ràpida del dany sofert, en segon lloc, constitueix potser la part més elaborada i nova de la nova doctrina de les Nacions Unides, i comprèn cinc tipus de prestacions: la restitució, la indemnització, la rehabilitació, la satisfacció i les garanties de no-repetició.

Però la realitat resulta insuficient i insatisfactòria, per la dificultat que resulta trobar un equilibri raonable entre les exigències contraposades de la justícia i la pau, entre haver de castigar el crim impune i honrar les seves víctimes, i haver de reconciliar els antics adversaris polítics; i encara més quan s’ha d’afegir la situació de transició política, amb totes les dificultats i inseguretats que això implica, tenint un exemple que ens toca de molt a prop, com és el cas espanyol.

Espanya presumeix d‘haver protagonitzat una transició política exemplar per molts països. Una transició pacífica, però sense el reconeixement i reparació de les víctimes i dels seus familiars de crims de guerra, crims contra la humanitat i la repressió posterior a la Guerra Civil contra el bàndol dit ‘republicà’. Així mateix, tampoc hi ha hagut un procés de construcció de la veritat pública ni de la memòria històrica sobre la Guerra Civil i de la dictadura.

És per això, que gairebé trenta anys després de l’aprovació mitjançant referèndum de la Constitució del 1978, Zapatero ha aconseguit l’aprovació parlamentària de l’anomenada Llei de la memòria històrica. La Llei declara la il•legitimitat genèrica del règim franquista i adopta altres mesures molt saludables (com la “desfranquització” dels espais i els monuments públics, l’obertura dels arxius oficials, l’exhumació de les restes de persones desaparegudes i executades sota la supervisió de les administracions públiques, i la inclusió de noves categories de víctimes en els plans d’indemnitzacions), però no aplana de manera clara el camí de l’anul•lació judicial de les sentències arbitràries, la sanció penal dels victimaris i la reparació integral de les víctimes. I tal com ha estat aprovada, després de l’acord polític assolit entre el partit de govern i els partits minoritaris, la Llei 52/2007 podria “tancar en fals” el llarg contenciós dels humiliats i ofesos per la Guerra Civil i per la dictadura perquè se’ls reconegui i garanteixi el dret a la veritat, la justícia i la reparació.
Rahma El Badoui
Politóloga