En los próximos días, del 31 de mayo al 2 de junio, se celebra en Barcelona el Congreso Nuclear Europeo (ENC, en sus siglas en inglés). Organizado por la Sociedad Nuclear Europea (ENS) en colaboración con la Sociedad Nuclear Española (SNE), es una cita de sumo interés para la industria nuclear con más de 800 participantes, 500 ponencias y 100 empresas de 30 países.
En ella, se debatirá el futuro de la energía nuclear. Y es que, en los últimos años, se ha reabierto el debate de la conveniencia o no de ampliar la contribución de la energía nuclear en la generación de electricidad. Actualmente, en el estado español, son ocho las centrales nucleares que se encuentran en funcionamiento convirtiéndose en la segunda fuente de generación de energía eléctrica con un 19% de la producción en 2009. Según la consultora Pricewaterhousecoopers, el estado español debería construir al menos tres centrales nucleares más de 1.500 MW cada una para satisfacer el incremento de la demanda que tendrá lugar desde la actualidad hasta el año 2030.
En el plano internacional, son muchos los países que ya han decidido ampliar o iniciar su industria nuclear. Desde EEUU, China, India, Francia, Italia o Finlandia hasta América Latina apuestan por una reducción del consumo de combustibles fósiles a favor de un incremento de la producción energética de origen nuclear y renovable.
Fue en la segunda mitad del siglo XX cuando las grandes potencias económicas apostaron fuertemente por la energía nuclear. Pero, en los años 80, las voces en contra de la energía nuclear se acrecentaron. El accidente en la central de Three Mile Island (EEUU) en 1979 y, sobretodo, la catástrofe en Chernóbil (antigua URSS y actual Ucrania) en 1986 pusieron en tela de juicio la seguridad de éste tipo de instalaciones. Al temor de un uso bélico de la energía nuclear en plena guerra fría, se añadía entonces el temor a posibles accidentes en su uso civil.
Como respuesta a la demanda social de limitar e, incluso, de abandonar por completo la energía nuclear, Felipe González aprobó en 1984 una moratoria nuclear incluida en su programa electoral. Dicha moratoria paralizó la construcción de diez centrales nucleares en territorio español.
En la actualidad, José Luís Rodríguez Zapatero ha previsto el abandono progresivo de la energía nuclear conforme finalice la vida útil de las instalaciones en funcionamiento en los próximos diez y veinte años. Ahora bien, un nuevo contexto político, económico y social, está facilitando que la energía nuclear, junto con las energías renovables, se sitúen en el centro de atención de las nuevas planificaciones energéticas a nivel estatal y europeo. Por un lado, suponen una reducción de las importaciones de petróleo y gas natural, así como una mayor independencia respecto a los países exportadores (cabe recordar el corte de suministro de gas que, en enero de 2009, efectuó Rusia en perjuicio de Bulgaria, Grecia, Turquía y Macedonia). Por otro lado, se generarían nuevos puestos de trabajo y se reducirían las emisiones de CO2 en favor del cumplimiento del Protocolo de Kyoto.
Por tanto, mientras la energía nuclear se ofrece como solución para satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica en un contexto en el que se ha de reducir el consumo de combustibles fósiles, existe una firme oposición política y social. En los últimos meses, con motivo de las candidaturas de diversos municipios, entre ellos Ascó, a acoger el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el que se prevé almacenar y gestionar el combustible gastado de las centrales nucleares, diversos grupos políticos, entre ellos PSC y CiU, han hecho explícita su repulsa a su instalación en territorio catalán, repulsa que quizá tenga que ver con las próximas elecciones al Parlament. Grupos ecologistas y vecinos de los municipios candidatos se han manifestado reclamando a sus ayuntamientos que tengan en cuenta la opinión ciudadana. Cabe decir que sindicatos como UGT demandan a los políticos que no actúen condicionados por la proximidad de elecciones, sino que consideren las necesidades económicas y sociales de la población. Así, valoran positivamente la candidatura de Ascó dado que implica una inversión de 700 millones de euros y una generación de entre 500 y 700 puestos de trabajo.
En resumen, en un contexto de crisis económica y ambiental, en la que, más que nunca, se precisan soluciones firmes y consensuadas por los diversos agentes sociales, nos encontramos con una gran disparidad de opiniones y perspectivas respecto a la energía nuclear. Dónde la ciudadanía percibe un riesgo inaceptable para la salud y el medio ambiente, los expertos ven una solución totalmente segura y rentable. Dado que en juego está la economía, la soberanía energética del estado, la lucha contra el cambio climático, la salud pública y la protección del medio ambiente es imprescindible, sin más demora, un debate abierto en el que se incluyan todos los agentes sociales, desde la industria nuclear a las asociaciones ecologistas, para establecer unas bases comunes, consensuadas y no extremistas que orienten las políticas energéticas de un futuro en el que el petróleo ha de dejar de ser el protagonista.
En ella, se debatirá el futuro de la energía nuclear. Y es que, en los últimos años, se ha reabierto el debate de la conveniencia o no de ampliar la contribución de la energía nuclear en la generación de electricidad. Actualmente, en el estado español, son ocho las centrales nucleares que se encuentran en funcionamiento convirtiéndose en la segunda fuente de generación de energía eléctrica con un 19% de la producción en 2009. Según la consultora Pricewaterhousecoopers, el estado español debería construir al menos tres centrales nucleares más de 1.500 MW cada una para satisfacer el incremento de la demanda que tendrá lugar desde la actualidad hasta el año 2030.
En el plano internacional, son muchos los países que ya han decidido ampliar o iniciar su industria nuclear. Desde EEUU, China, India, Francia, Italia o Finlandia hasta América Latina apuestan por una reducción del consumo de combustibles fósiles a favor de un incremento de la producción energética de origen nuclear y renovable.
Fue en la segunda mitad del siglo XX cuando las grandes potencias económicas apostaron fuertemente por la energía nuclear. Pero, en los años 80, las voces en contra de la energía nuclear se acrecentaron. El accidente en la central de Three Mile Island (EEUU) en 1979 y, sobretodo, la catástrofe en Chernóbil (antigua URSS y actual Ucrania) en 1986 pusieron en tela de juicio la seguridad de éste tipo de instalaciones. Al temor de un uso bélico de la energía nuclear en plena guerra fría, se añadía entonces el temor a posibles accidentes en su uso civil.
Como respuesta a la demanda social de limitar e, incluso, de abandonar por completo la energía nuclear, Felipe González aprobó en 1984 una moratoria nuclear incluida en su programa electoral. Dicha moratoria paralizó la construcción de diez centrales nucleares en territorio español.
En la actualidad, José Luís Rodríguez Zapatero ha previsto el abandono progresivo de la energía nuclear conforme finalice la vida útil de las instalaciones en funcionamiento en los próximos diez y veinte años. Ahora bien, un nuevo contexto político, económico y social, está facilitando que la energía nuclear, junto con las energías renovables, se sitúen en el centro de atención de las nuevas planificaciones energéticas a nivel estatal y europeo. Por un lado, suponen una reducción de las importaciones de petróleo y gas natural, así como una mayor independencia respecto a los países exportadores (cabe recordar el corte de suministro de gas que, en enero de 2009, efectuó Rusia en perjuicio de Bulgaria, Grecia, Turquía y Macedonia). Por otro lado, se generarían nuevos puestos de trabajo y se reducirían las emisiones de CO2 en favor del cumplimiento del Protocolo de Kyoto.
Por tanto, mientras la energía nuclear se ofrece como solución para satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica en un contexto en el que se ha de reducir el consumo de combustibles fósiles, existe una firme oposición política y social. En los últimos meses, con motivo de las candidaturas de diversos municipios, entre ellos Ascó, a acoger el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el que se prevé almacenar y gestionar el combustible gastado de las centrales nucleares, diversos grupos políticos, entre ellos PSC y CiU, han hecho explícita su repulsa a su instalación en territorio catalán, repulsa que quizá tenga que ver con las próximas elecciones al Parlament. Grupos ecologistas y vecinos de los municipios candidatos se han manifestado reclamando a sus ayuntamientos que tengan en cuenta la opinión ciudadana. Cabe decir que sindicatos como UGT demandan a los políticos que no actúen condicionados por la proximidad de elecciones, sino que consideren las necesidades económicas y sociales de la población. Así, valoran positivamente la candidatura de Ascó dado que implica una inversión de 700 millones de euros y una generación de entre 500 y 700 puestos de trabajo.
En resumen, en un contexto de crisis económica y ambiental, en la que, más que nunca, se precisan soluciones firmes y consensuadas por los diversos agentes sociales, nos encontramos con una gran disparidad de opiniones y perspectivas respecto a la energía nuclear. Dónde la ciudadanía percibe un riesgo inaceptable para la salud y el medio ambiente, los expertos ven una solución totalmente segura y rentable. Dado que en juego está la economía, la soberanía energética del estado, la lucha contra el cambio climático, la salud pública y la protección del medio ambiente es imprescindible, sin más demora, un debate abierto en el que se incluyan todos los agentes sociales, desde la industria nuclear a las asociaciones ecologistas, para establecer unas bases comunes, consensuadas y no extremistas que orienten las políticas energéticas de un futuro en el que el petróleo ha de dejar de ser el protagonista.
FRANCISCO JAVIER AVELLANEDA
Licenciado en Ciencias Ambientales
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